Ada nació el 31 de diciembre de 2021 y tiene dos mamás. Durante sus primeros días de vida sus derechos, y los de toda su familia, fueron vulnerados en un acto de discriminación intolerable. El Hospital Clínico Universitario de Valladolid negó a sus madres, hasta dos veces, la posibilidad de ser inscrita legalmente en el mismo centro hospitalario alegando motivos supuestamente burocráticos: según fuentes de este hospital, en el caso de recién nacidos con progenitores del mismo sexo es necesario un documento adicional que sólo está disponible en el propio Registro Civil.

¿Por qué en algunos casos es posible la inscripción de recién nacidos en el mismo lugar de nacimiento y en otros se requiere acudir a las oficinas del registro oficial? ¿Niñas y niños tienen distintos derechos al nacer dependiendo de la orientación sexual de sus progenitores? ¿Hay algunas familias con más derechos que otras?

De nuestro ordenamiento jurídico emana que todas las personas son iguales ante la ley, pero en casos como este se sigue evidenciando que las parejas del mismo sexo y sus familias continúan encontrando mayores obstáculos y barreras para vivir su vida en igualdad y libertad. Ada no ha podido ser inscrita legalmente en el hospital en el cual nació como el resto de niñas y niños y sus madres vieron empañada la felicidad de su nacimiento por esta situación de fragrante discriminación. Hay claras responsabilidades públicas en ello y es imprescindible señalarlo.

El Hospital Clínico de Valladolid ha demostrado una clara dejación de funciones y una irresponsabilidad preocupante, más cuando este procedimiento se puede tramitar en los hospitales desde 2016, ni más ni menos hace seis años. Como institución pública tiene el deber de ofrecer y garantizar a toda la ciudadanía un trato digno e igualitario en el marco de sus funciones, pero con Ada y otras familias de personas LGBTI esto no ha sido así. La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León no ha adaptado sus procedimientos a las nuevas realidades de la diversidad familiar y ello ha conllevado la vulneración de los derechos de las familias y del interés superior de niñas y niños.

Castilla y León es una de las pocas Comunidades Autónomas que no cuenta todavía con una normativa autonómica que garantice la no discriminación y la igualdad de derechos de las personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex) en ámbitos esenciales como la educación, la salud o el empleo. Iniciamos el año 22 del siglo XXI, pero algunas instituciones parecen seguir ancladas en un pasado vergonzante. ¿Hasta cuándo?

Durante las últimas décadas España ha avanzado considerablemente en la protección de los derechos de las personas LGBTI, lo que ha convertido a nuestro país en un referente internacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer. La igualdad legal (o formal) debe ir acompañada de la conquista de la igualdad social, de una igualdad real. De lo contrario, la discriminación se seguirá colando por las rendijas de nuestras vidas cotidianas y haciendo que las familias de las personas LGBTI no puedan ser, todavía, felices e iguales.

Ada ha iniciado, sin saberlo, su activismo por la igualdad y la diversidad en sus primeros días de vida. Ojalá los obstáculos para lograr su partida de nacimiento sirvan para que la Junta de Castilla y León erradique cuanto antes estas situaciones de discriminación y para que todos los nacimientos puedan ser celebrados, por fin, sin la sombra de la desigualdad y la discriminación.

Yolanda Rodríguez y Alberto Hidalgo