· Instan a la ministra de Educación, María Isabel Celaá, a intervenir ante la estrategia estatal de Vox de implantar el veto parental en varias comunidades autónomas a cambio de su apoyo para aprobar presupuestos u otras iniciativas en las cámaras autonómicas.
· Han solicitado una reunión urgente con la responsable de la cartera de Educación para abordar la situación.
«El veto parental que intenta implantar Vox es anticonstitucional y viola varias legislaciones vigentes, así como la Convención de los Derechos del Niño de la ONU ratificada por España».
José María Núñez, presidente de Fundación Triángulo.
Fundación Triángulo, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y Chrysallis, Asociación de Familias de Menores Trans, exigen que se deje de utilizar el derecho a la educación de la infancia como moneda de cambio política. Así, han solicitado una reunión urgente con la ministra de Educación, María Isabel Celaá, y piden su intervención para frenar la estrategia estatal de Vox de implantar el veto parental en varias comunidades autónomas a cambio de su apoyo para aprobar presupuestos u otras iniciativas en las cámaras autonómicas.
Las entidades recuerdan que Celaá ya interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra las resoluciones de la Consejería de Educación y Cultura de la Región en relación al veto parental y reivindican la misma acción ante la misma estrategia de la ultraderecha en las comunidades de Murcia, Andalucía y Madrid, así como un posicionamiento firme al respecto por parte del Ejecutivo central.
En este sentido, el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, recuerda que «el veto parental que intenta implantar Vox es anticonstitucional y viola varias legislaciones vigentes, así como la Convención de los Derechos del Niño de la ONU ratificada por España. Además, va en contra del interés superior del menor, presente en el ordenamiento jurídico del estado, ya que vulnera el derecho del alumnado al conocimiento y deja desprotegida a la infancia frente a la LGTBIfobia», asegura.
Por su parte, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, incide en que «es fundamental que la normativa estatal contemple una educación afectivo-sexual integral e inclusiva en educación formal, no formal e informal y que se garantice una correcta formación al profesorado, las familias y el alumnado, para lo que el conocimiento experto de las entidades LGTBI es esencial». «Se está jugando con el derecho a saber de la infancia y éste no puede depender de la arbitrariedad de los intereses políticos, mociones de censura o pactos para formar gobierno. La educación es un derecho, no un privilegio de quienes tienen familias que están de acuerdo en que sus menores se formen», reivindica.
Asimismo, la presidenta de Chrysallis, Ana Valenzuela, asevera que «la educación en diversidad afectivo-sexual es educación en valores y derechos humanos y previene y ofrece herramientas contra el acoso, ayuda a la juventud a identificar y poner fin a relaciones tóxicas, enseña a la infancia los beneficios de la diversidad y los distintos modelos de familias y ofrece información y apoyo a la juventud LGTBI, entre otros». «No podemos privar a la infancia de este conocimiento y menos a cambio de beneficios políticos», defiende.