Desde Fundación Triángulo suscribimos y apoyamos este comunicado de Caribe Afirmativo sobre los recientes acontecimientos en Colombia. Nos solidarizamos con las movilizaciones sociales y exigimos al Estado colombiano detener la violencia desmedida contra las personas manifestantes. #FuerzaColombia
A una semana del paro nacional: ¡Hay más de 87 personas desaparecidas y 19 personas muertas!
Hoy se cumple una semana desde que inició el paro nacional con motivo de rechazo a la reforma tributaria, al incremento de asesinatos a líderes y lideresas sociales, el gran número de masacres en lo que va en el 2021 y las profundas desigualdades sociales que vive el país agudizadas por la pandemia. En síntesis, los motivos para salir a las calles a marchar son muchos y sin embargo ante un panorama convulsionado por la protesta social en distintas ciudades del país, los y las marchantes están viviendo la violación sistemática de sus derechos humanos, que hasta el momento deja más de 87 personas desaparecidas, 19 personas fallecidas, abusos sexuales hacia mujeres por parte de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y una represión y temor en varias ciudades del país.
Las violencias desproporcionadas en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá y Pasto, la cantidad de videos en redes sociales dónde se ve al ESMAD y a la policía agrediendo a los manifestantes; los medios de comunicación tradicionales calificando estos actos como “vandálicos” y un presidente y Ministerio de Defensa que no se pronuncia y la Consejería Presidencial de Derechos Humanos que señala que: “Los derechos humanos solo existen si los ciudadanos observan deberes para ser parte de la sociedad”, negando así el principio fundamental de respeto a la vida e integridad de los y las manifestantes. Ése es el balance que deja una semana de paro nacional.
Medios de comunicación internacionales citando a la Defensoría del Pueblo, reportan que hay más de 19 personas fallecidas en el marco de las protestas, se han desarrollado 1.120 actividades en distintas de ciudades del país, entre concentraciones y marchas en 390 municipios, con la participación de más de 238.000 personas movilizándose en las calles. A su vez el Ministro de Defensa Diego Molano, lamento los fallecidos y los relacionó con vandalismo y tanto él como el presidente no han reconocido el abuso de la policía y la extralimitación de la fuerza pública ni dado la orden para que cesen estás acciones violentas contra la población civil.
El día de ayer los senadores Iván Cepeda y Wilson Arias radicaron una moción de censura contra Diego Molano, Ministro de Defensa por el tratamiento de guerra que le han dado a la movilización social, apoyados por los 16 congresistas que han condenado el uso desmedido de la violencia por parte de la fuerza pública y la estigmatización de la protesta. La ONG Temblores y Grita han registrado que desde las 6:00 am del 28 de abril hasta 10:00 am del 3 de mayo de 2021 han habido 1.181 casos de violencia policial, 216 víctimas de violencia física por parte de la Policía, 31 víctimas de violencia homicida por parte de la policía; 10 víctimas de violencia sexual por parte de la Policía, 814 detenciones arbitrarías contra los y las manifestantes y 56 denuncias de desapariciones en el contexto de la movilización, entre otros.
Por su parte en la región Caribe, diferentes entidades y organizaciones se han pronunciado sobre las extralimitaciones que ha tenido la fuerza pública contra las personas marchantes. El Comité del Paro del Atlántico rechazó las detenciones arbitrarias de estudiantes marchantes y denuncia la desaparición de más de 23 jóvenes y la detención de otros tres. Manifiestan la continuidad del paro y le exigen a la alcaldía y la gobernación responder ante estos hechos y vulneraciones de derechos humanos. Mientras que los movimientos estudiantiles de la Universidad del Norte emitieron un comunicado en el que rechazan tajantemente estos actos de violencia y se declaran en Asamblea Estudiantil hasta el 7 de mayo.
En Cartagena se han presentado agresiones y la ciudad se encuentra militarizada, la policía esta abriendo fuego contra los jóvenes manifestantes, como también ha habido disturbios en las calles principales de la ciudad. Varias ciudades se encuentran con las vías cerradas, ya que sectores rurales y de transporte decidieron bloquear las vías principales, como el caso de la subregión del Catatumbo que se unieron al paro solicitando que se detengan las aspersiones por glifosato y especialmente el cumplimiento integral de los acuerdos del proceso de paz.
Ciudades como Cali, Manizales, Pasto, entre otras, se encuentran en condiciones críticas de orden público. De manera que también varias organizaciones internacionales se han pronunciando ante estos hechos, rechazando el accionar del gobierno y la represión policial: Amnistía Internacional denunció la respuesta militarizada y el abuso policial durante las manifestaciones; la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, expresó su consternación y preocupación por los acontecimientos ocurridos en los últimos días en el país y rechazaron la masacre ocurrida en Cali.
Por otro lado la Jurisdicción Especial para la Paz expresó su preocupación sobre estos hechos, como también reiteró que la respuesta institucional antes los esporádicos actos de violencia de los manifestantes, no tienen comparación con las agresiones desmedidas que ha ejercido la policía y el ESMAD hacia la población civil. También recordó la importancia de que dicho acompañamiento de la fuerza pública debe darse en el marco de los derechos consagrados en la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario.
La gran mayoría de entidades que velan por los derechos humanos, la paz y la justicia coincidimos en que estos actos son repudiables, y el solo hecho de que exista violencia sexual hace que estas acciones sean intolerables e injustificables, dónde los únicos responsables de las pérdidas humanas, las agresiones, las violencias hacias las mujeres, la desaparición de los jóvenes, entre el sinnúmero de atrocidades que se han cometido en estos días es el Estado.
Desde Caribe Afirmativo rechazamos profundamente estos hechos, repudiamos estos actos y exigimos al Estado detener la violencia desmedida por parte de la fuerza pública hacia las personas. También insistimos en que es necesario que estos crímenes se investiguen y se judicialicen a las personas responsables, como también ofrecemos asesoría y protección a los y las marchantes LGBT, quienes en medio de su ejercicio y derecho de protesta viven alguna detención arbitraria, o son víctimas de violencia policial. Si se ven en riesgo su integridad personal cuentan todo nuestro apoyo y orientación desde nuestro equipo jurídico, en todos nuestros territorios.
Varias organizaciones se han unido para crear cartillas o piezas comunicativas que sirvan de insumo para que los y las manifestantes se cuiden durante esta coyuntura nacional. Desde primeros auxilios psicológicos, legales, manejo del miedo, autocuidado en caso de enfrentamientos con el ESMAD, auxilios médicos; como también hacer un cubrimiento responsable de las movilizaciones por parte de los medios de comunicación y otro en seguridad digital para quienes están haciendo un activismo digital y para mantener comunicadas a las personas que están saliendo a las calles, porque se ha evidenciado que muchos videos son eliminados, o varias redes de internet han estado en desconexión. Es esencial que el autocuidado durante este caos y coyuntura que además se da en un contexto en donde seguimos en tiempos de pandemia y con altos niveles de contagio, de ahí que se priorice la salud mental tanto de quienes están en las calles manifestando como de quienes están en casa recibiendo gran cantidad de información sin mesura.
Como organización de la sociedad civil reiteramos nuestro acompañamiento al paro, el apoyo a quienes vean sus derechos vulnerados en este escenario de hostilidad. Nos mantenemos dispuestos a denunciar cualquier tipo de abuso e invitamos al Estado a que reaccione y detenga la violencia y el derramamiento de sangre que ocurre afuera. Además insistimos en que todos estos hechos de violencia son responsabilidad de la administración del país.
Así las cosas, comprendemos entonces que la seguridad de todas y todos es lo primordial, que hay que mantener estrategias de encuentro y no perder la comunicación en caso de que ocurra algo malo. Nos unimos al llamado que hacen todas las organizaciones de rechazar este tratamiento de guerra que se le ha dado a las movilizaciones y solicitamos a la comunidad internacional no perder de vista lo que ocurre en Colombia y actuar de manera inmediata para que paren estas agresiones y se respete el derecho a la protesta social.