Las entidades ven positiva la aprobación de la Ley de Igualdad de Trato y reiteran la necesidad urgente de aprobar la Ley Integral trans y LGTBI que blinde los derechos de las personas LGTBI.
«El Estado tiene que saldar la deuda histórica que tiene con esta realidad social [personas trans] y reconocer la autodeterminación de género como ya han hecho más de la mitad de los parlamentos autonómicos y muchos países, sin efecto negativo alguno a nivel social».
José María Núñez, presidente de Triángulo.
Fundación Triángulo, Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y Chrysallis, Asociación de Familias de Menores Trans* consideran tanto la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, como la Ley Integral Trans y LGTBI “necesarias y complementarias” y piden que “se ponga el foco en los derechos humanos”.
Las entidades explican que la Ley de Igualdad de Trato es una herramienta importante para establecer un marco sancionador que permita que las discriminaciones contra los colectivos vulnerables (personas racializadas, de etnia gitana, LGTBI, entre otros), no queden impunes. Asimismo, aclaran que se trata de un buen complemento a las leyes trans y LGTBI, específicas para el colectivo, que son leyes más amplias e integrales y establecen políticas públicas activas en favor de la igualdad real y efectiva del colectivo trans y LGTBI, incluido el derecho de autodeterminación de las personas trans.
Las leyes trans y LGTBI incluyen medidas para prevenir la discriminación por LGTBIfobia como, por ejemplo, la formación sobre las realidades LGTBI para el personal sanitario, de los servicios sociales, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, del personal encargado de los procedimientos de asilo, entre otros miembros del funcionariado, o de la prohibición de las terapias de reconversión que, además, según las entidades, deberían ser tipificadas en el Código Penal como delito.
Asimismo, incorporan políticas para fomentar la inserción laboral para personas trans, para que se promueva el estudio y la investigación de las necesidades sanitarias específicas de las personas LGTBI para darles respuesta, para que las personas no binarias puedan ver reflejada su identidad en su documentación oficial y para que las parejas de mujeres dejen de estar discriminadas por ley y puedan filiar a sus descendientes en igualdad de condiciones a las parejas mixtas, entre otros aspectos.
Además, la Ley Integral Trans garantizará que las personas trans sean iguales ante la ley a través de su despatologización (se les deje de exigir un diagnóstico de trastorno mental) y del reconocimiento del derecho de autodeterminación independientemente de su edad (que ningún tercero tenga que acreditar que son quienes dicen ser), tal y como recomiendan los principios de Yogyakarta, la OMS y la estrategia LGTBI de la Comisión Europea.
Por este motivo, Fundación Triángulo, FELGTB y Chrysallis ven positiva la aprobación de la Ley de Igualdad de Trato y reiteran la necesidad urgente de aprobar la Ley Integral trans y LGTBI que blinde los derechos de las personas LGTBI, las proteja frente a las violencias y garantice su derecho a la autodeterminación independientemente de su edad.
En este sentido, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, asegura que “estamos ante un momento histórico en favor de la igualdad y tenemos que aprovecharlo al máximo para blindar por ley los derechos de las personas más vulnerables”. “Tenemos que poner el foco en las personas, en sus vulnerabilidades y en sus derechos humanos para conseguir hacer historia y contribuir a que España sea una sociedad más justa y más igualitaria. La vida de muchas personas, literalmente, depende de la aprobación de estas leyes”, recuerda.
“No podemos seguir permitiendo que nuestra propia legislación considere a las personas trans enfermas mentales. Nos tienen que devolver la dignidad y que no necesitemos que un tercero, ni sanitario, ni juez, acredite quiénes somos. Ya sabemos quiénes somos y nos preocupa que el discurso de odio que nos asocia con una amenaza para el resto de la población llegue a suponer un estancamiento a la hora de legislar en favor de los derechos humanos”, añade.
Por su parte, el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez Blanco, recuerda que “desde Triángulo, siempre hemos defendido la Ley de Igualdad de Trato como un marco global necesario contra todas las discriminaciones, ante las que siempre hemos sentido implicación y complicidad como parte de una sociedad diversa y plural”. “Sin embargo, esta ley necesita desarrollos posteriores por sectores y aquí debemos destacar como imprescindible la Legislación Integral Trans que se inspira en las directrices tanto del Consejo Europeo como de Naciones Unidas”, añade. Así, defiende que “el Estado tiene que saldar la deuda histórica que tiene con esta realidad social y reconocer la autodeterminación de género como ya han hecho más de la mitad de los parlamentos autonómicos y muchos países, sin efecto negativo alguno a nivel social”, insiste.
Por su parte, la presidenta de Chrysallis, Ana Valenzuela, recuerda que “no hay mayor vulneración de los derechos humanos que el que otra persona decida sobre tu identidad” e incide en que “todas las personas trans tienen derecho a ver reconocida su identidad en todos los ámbitos de su vida e independientemente de su edad, sin someterlas a tutelas, ni cuestionamientos de ningún tipo”, asevera.
Tras haber ocupado las primeras posiciones varios años, ya en 2019, España dejó de estar incluso entre los 10 países europeos más respetuosos con los derechos del colectivo LGTBI, según el ranking que elabora ILGA Europa cada año. Este descenso, según apuntó ILGA Europa en su informe, se debe tanto a la falta de una legislación que garantice los derechos de las personas LGTBI en todo el territorio estatal, como a la falta de reconocimiento del derecho a la autodeterminación del género.