Instan a la ministra de Educación, María Isabel Celaá, a intervenir ante la estrategia estatal de Vox de implantar el veto parental en varias comunidades autónomas.
«El sistema educativo tiene la obligación por ley de proteger a la infancia ante a cualquier tipo de violencia, ya provenga del ámbito escolar o de la propia familia, y de ofrecer a todo el alumnado, independientemente de la opinión de sus familias, formación en diversidad, respeto e inclusión».
Raúl González, vicepresidente de Fundación Triángulo.
Fundación Triángulo, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y Chrysallis, Asociación de Familias de Menores Trans, se han reunido este miércoles con la ministra de Educación y Formación Profesional, María Isabel Celaá, para exigir que defienda de manera urgente el derecho de la infancia a la educación igualitaria y al conocimiento en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género. Además, han pedido soluciones urgentes ante la intención de la ultraderecha de implantar el veto parental en varias comunidades autónomas.
La responsable de la cartera de Educación manifestó recientemente su voluntad de defender el interés superior del menor «por encima de cualquier veto parental», pero las entidades exigen acciones concretas que frenen esta amenaza de la ultraderecha al derecho a la educación de la infancia y solicitan la intervención del gobierno estatal en el marco de sus competencias.
En este sentido, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, incide en que «no se pueden seguir utilizando los derechos de la infancia como moneda de cambio en función de los intereses políticos» y reivindica «la aprobación urgente de una legislación estatal integral trans y LGTBI que proteja a la infancia LGTBI de las violencias que sufren a diario y garantice el derecho de todo el alumnado a una educación en valores: justicia social, igualdad de oportunidades y diversidad».
Además, insiste en que «es fundamental que se cuente con el conocimiento experto de las entidades LGTBI para garantizar una correcta formación del profesorado, las familias y el alumnado con el objetivo combatir el acoso escolar por LGTBIfobia y establecer protocolos específicos». Y es que, la LGTBIfobia sigue siendo la primera causa de acoso en las aulas y según una investigación de FELGTB, casi el 60% de la infancia y juventud trans ha sufrido transfobia en el ámbito escolar.
El sistema educativo tiene la obligación de proteger a la infancia
Triángulo, FELGTB y Chrysallis recuerdan que el veto parental infringe varias leyes estatales vigentes como la Ley de protección a la Infancia y Adolescencia; la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo; la Ley de fomento de la educación y la cultura de la Paz y Ley Orgánica para la Mejora de la Educación (LOMLOE), entre otras y contradice la Convención de los Derechos del Niño de la ONU ratificada por España. Asimismo, va en contra del interés superior del menor, presente en el ordenamiento jurídico del Estado.
Tal y como denuncia el vicepresidente de Fundación Triángulo, Raúl González, «el sistema educativo tiene la obligación por ley de proteger a la infancia ante a cualquier tipo de violencia, ya provenga del ámbito escolar o de la propia familia, y de ofrecer a todo el alumnado, independientemente de la opinión de sus familias, formación en diversidad, respeto e inclusión».
Sin embargo, en la actualidad, la educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género no se imparte de manera generalizada. Tal y como explica González, «ante la ausencia de una ley trans y LGTBI estatal que unifique criterios, el derecho de la infancia a recibir educación en diversidad y valores depende, en primer lugar, de que haya ley trans y/o LGTBI autonómica y, en el caso de haberla, de los intereses políticos autonómicos del momento, tal y como se está viendo, de los fondos públicos y de que haya o no mecanismos administrativos para analizar la implementación de cada ley, entre otras especificidades».
Además, tal y como recuerda la presidenta de Chrysallis, Ana Valenzuela, «aún hay cuatro CCAA en España sin legislación autonómica que garantice los derechos de la infancia y juventud LGTBI y las proteja frente a las violencias: Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Principado de Asturias, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla».
Así, tal y como defiende Valenzuela, «es esencial que exista una legislación estatal que garantice una educación afectivo-sexual integral e inclusiva en educación formal, no formal e informal». «La educación en igualdad no es un privilegio de las familias que estén de acuerdo en que sus menores se formen en igualdad y derechos humanos, sino una obligada responsabilidad de los poderes públicos para con el alumnado», asegura.
Las tres entidades señalan que esta censura afecta no solo al colectivo LGTBI sino también al movimiento feminista, a la comunidad educativa y a otros agentes de la sociedad y anuncian que desde Fundación Triángulo, FELGTB y Chrysallis seguirán trabajando para tejer alianzas en esta lucha en favor de la educación en valores, igualdad y diversidad.