El pasado 29 de junio el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGBTI. Así este anteproyecto de ley inició su trámite y próximamente deberá ser debatido en las Cortes Generales.
Se trata de una normativa que pretende garantizar la igualdad de forma integral, reconociendo la libre determinación de género y la despatologización de las identidades trans y equiparando así el marco normativo español al contexto europeo. Es, en definitiva, una ley imprescindible para seguir avanzando hacia la igualdad de derechos de las personas trans y LGBTI y una importante conquista del movimiento LGBTI, así como de toda la ciudadanía comprometida con la igualdad, la diversidad y los Derechos Humanos.
Esta ley reparará una gran deuda histórica del Estado democrático con respecto a la protección y garantía de los derechos de las personas LGBTI, y especialmente de las personas trans. Pero también demostrará el resultado exitoso del diálogo social y la cooperación entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil para impulsar cambios en favor de una sociedad más diversa e inclusiva. Se trata, nada más y nada menos, de un importante punto de partida, que todavía puede ser desarrollado, profundizado y mejorado.
El día de ayer finalizó el proceso de audiencia pública para presentar aportaciones y enmiendas a este anteproyecto de ley. Un conjunto de organizaciones sociales hemos trabajado para plantear una serie de enmiendas, siempre desde un espíritu constructivo y con el único objetivo de consolidar los avances recogidos en dicho texto legislativo y ampliar sus alcances y garantías.
FELGTB, Fundación Triángulo y Chrysallis, en colaboración con ADI, UGT y CESIDA, proponemos que esta ley sea lo más integral y garantista posible y que no deje a nadie atrás, con el fin de promover, proteger y garantizar eficazmente los derechos de ciudadanía de las personas LGBTI en nuestro país. Por ello, hemos realizado aportaciones relativas a los siguientes aspectos, que esperamos sean tomadas en consideración para enriquecer el texto aprobado por el Consejo de Ministros:
- Asegurar el acceso al cambio de la mención registral a los menores de edad. Regular con claridad y garantías los derechos de los menores a realizar este trámite administrativo.
- Incluir la realidad de las personas no binarias, reconociendo su identidad en los documentos oficiales.
- Perseguir las prácticas de reasignación genital en menores intersex, ya que suponen graves violaciones de los derechos fundamentales.
- Incorporar la diversidad sexual, de género y familiar como una prioridad en la estrategia de acción exterior del Gobierno. Garantizar el acceso de todas las personas migrantes, independientemente de su situación administrativa, al cambio registral. Incluir el análisis del contexto LGTBI del país de origen para otorgar protección internacional. Garantizar la confidencialidad en los casos de solicitud de asilo LGBTI denegados.
- Evitar la difusión y el refuerzo de estereotipos discriminatorios en ámbitos como el ocio y la cultura, los medios de comunicación y la publicidad.
- Incluir temario sobre diversidad sexual, de género y familiar en la oposición de la inspección educativa. Impulsar la creación de grupos de apoyo LGTBI en los centros educativos. Incorporar contenidos curriculares respetuosos con la diversidad.
- Garantizar la atención sanitaria integral y crear un servicio especializado (voluntario) para personas trans. Incluir los tratamientos sanitarios que necesita este colectivo en la cartera de servicios básicos del SNS. Promover la investigación científica sobre el VIH, específicamente en el ámbito sanitario.
- Introducir la perspectiva trans y LGBTI en las políticas activas de empleo. Establecer la aprobación de planes de igualdad LGTBI en todas las administraciones públicas y empresas privadas de más de 50 trabajadoras/es. Crear un registro específico de medidas de igualdad LGBTI y de protocolos contra el acoso laboral LGBTIfóbico.
- Diseñar una estrategia integral de protección a las personas LGBTI en el ámbito deportivo e impulsar la sanción de los actos discriminatorios por parte del Consejo Superior de Deportes.