El Gobierno de La Rioja ha aprobado su adhesión a la Declaración de Mérida en el marco del trabajo que desarrolla en favor del cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dicha adhesión ha sido promovida por Fundación Triángulo y busca sumar el apoyo de las instituciones autonómicas riojanas a la cooperación internacional en defensa de los Derechos Humanos de las personas LGBTI para lograr que nadie se quede atrás.

En el acto de firma, convocado para el próximo lunes, 15 de noviembre, a las 10:00h, la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, estará acompañada por la consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030, Raquel Romero, el director general de Cooperación y Agenda 2030, Tomás Castillo, el presidente estatal de Fundación Triángulo, José María Núñez Blanco, y el presidente de Gylda, José Sáenz, como representante de la organización LGBTI decana en esta región con la que Triángulo viene trabajando desde hace dos años en materia de Derechos Humanos LGBTI en La Rioja.

Núñez Blanco ha destacado la importancia de esta adhesión a la Declaración de Mérida. “En un contexto donde el odio continúa atacando la vida y la dignidad de las personas LGBTI, celebramos que el Gobierno riojano dé un paso al frente y reafirme su compromiso con la igualdad, la diversidad, la cooperación internacional y los Derechos Humanos de todas las personas, no solo en La Rioja, sino también globalmente”, ha declarado.

La Declaración de Mérida fue impulsada en su origen por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), el Ayuntamiento de Mérida y la propia Fundación Triángulo, pero ha sido suscrita también por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y otras agencias de cooperación, así como por otras administraciones públicas de ámbito local (como los ayuntamientos de Valladolid y Sevilla) y autonómico (como el Gobierno de Aragón y la Cortes de Castilla y León).

Su objetivo principal es que las instituciones se comprometan con la defensa y promoción de los Derechos Humanos de las personas LGBTI en todo el mundo a través de la cooperación internacional. En esencia, se trata de una propuesta para transversalizar el enfoque de diversidad sexual y diversidad de género en las prioridades, programas y estrategias de los principales agentes de la cooperación española y europea.