• La Mesa del Parlament de Cataluña ha rechazado por “discriminatorias” las preguntas planteadas.
• Vincular identidad de género con delincuencia o amenazas para las mujeres es una estrategia discursiva más propia de partidos contra la igualdad.
• Este tipo de señalamientos de colectivos vulnerables son inaceptables, sea contra las personas trans o contra cualquier otro colectivo.
«Es intolerable e inaceptable que se violen derechos fundamentales y constitucionales (como la igualdad, la identidad, la intimidad y la dignidad) de las personas trans en un parlamento democrático. Señalar a las personas trans como potenciales delincuentes supera líneas rojas que nunca deberían traspasarse».
José María Núñez, presidente de Fundación Triángulo.
Fundación Triángulo, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y Chrysallis, las tres organizaciones LGTBI principales del estado, han calificado este martes como «señalamiento inconstitucional de las personas trans» así como «preguntas estigmatizantes» las preguntas que el PSC ha realizado recientemente en el Parlament de Cataluña sobre las personas trans, condenando enérgicamente la realización de estas preguntas que, por su redacción y planteamiento, serían perfectamente asimilables a las que podría realizar un partido contrario a la igualdad.
La Mesa del Parlament se ha acogido al artículo 163.3 del reglamento del Parlament de Catalunya para rechazar estas preguntas pues, según dicho reglamento, no serán admitidas «preguntas que contienen expresiones ofensivas para la dignidad de las personas o que menosprecian sus derechos».
Dichas preguntas llegan a pedir específicamente los delitos que han cometido las personas trans, así como interrogan por las «consecuencias» que tiene para el resto de reclusas el internamiento de algunas personas trans en los módulos de mujeres, una práctica que lleva en funcionamiento más de una década sin ninguna consecuencia negativa. Así las preguntas del PSC suponen un señalamiento y una criminalización explícita del colectivo trans al definir a las personas trans, especialmente a las mujeres trans, como amenazas para el resto de reclusas y refuerzan los estereotipos negativos sobre este colectivo, al señalarles como delincuentes.
A juicio de las organizaciones y de diversas entidades LGTBI de Cataluña federadas en FELGTB, preguntar por un dato constitucionalmente protegido, como es la identidad de género, para vincularlo con amenazas a terceras o delitos, es una estrategia de estigmatización de las personas trans indigna de una sociedad democrática, a todas luces inconstitucional y que en ningún caso se entiende como legítima desde una perspectiva progresista, pues refuerza el estigma y vulnerabilidad de estos grupos.
En palabras de José María Núñez, presidente estatal de Fundación Triángulo: «Es intolerable e inaceptable que se violen derechos fundamentales y constitucionales (como la igualdad, la identidad, la intimidad y la dignidad) de las personas trans en un parlamento democrático. Señalar a las personas trans como potenciales delincuentes supera líneas rojas que nunca deberían traspasarse».
Por su parte, Uge Sangil, presidenta de FELGTB, ha asegurado que «estas posiciones de señalamiento y estigmatización solo sirven para reproducir y perpetuar las situaciones de desigualdad, discriminación y violencia que experimentan las personas trans de forma cotidiana» y ha exigido la aprobación urgente de una ley integral trans que proteja y garantice de forma integral la igualdad ante la ley de este colectivo.
Ana Valenzuela, presidenta de Chrysallis, ha pedido al PSC «que no ahonde y profundice las brechas de desigualdad que viven las personas trans y que adopte, de una vez por todas, un compromiso nítido y sólido con la igualdad de todas las personas, reconociendo su derecho a la identidad».